En el Perú, los cuidadores de personas con discapacidad severa no tienen respaldo legal ni acceso garantizado al empleo. En conversación con Página Doble, el abogado laboralista Germán Lora propone un modelo de incentivos.

Por: Liz Bravo

En el Perú, miles de familias que cuidan a personas con discapacidad severa enfrentan una doble exclusión: no solo cargan con el cuidado permanente, sino que también están fuera del mercado laboral y del marco legal que debería protegerlas.

De acuerdo con datos de 2021 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), el 87 % de personas con discapacidad que trabajan lo hacen en el sector informal, y cerca del 40 % vive en situación de pobreza. En muchos casos, son sus familias quienes asumen los cuidados, sin ingresos, sin contrato y sin respaldo legal. Esta situación revela un vacío estructural que afecta a uno de los sectores más vulnerables del país.

Actualmente, lo único que existe en la legislación nacional para los cuidadores es una licencia especial: 56 horas al año con cargo a vacaciones, para que los trabajadores formales puedan acompañar a sus familiares con discapacidad a atenciones médicas. Pero esta licencia solo aplica si el cuidador ya cuenta con un empleo formal, lo que excluye a la gran mayoría.

“No existe una figura que reconozca o proteja laboralmente a los familiares cuidadores en Perú”, afirmó el abogado laboralista Germán Lora. “Eso sí ocurre en Europa, pero aquí, aún no hay avances”, continuó.

La Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N.º 29973) establece que el 5 % del personal contratado en el sector público debe ser una persona con discapacidad. En el sector privado, la cuota es del 3 %, aunque según Lora, “pocos lo cumplen”. Además, la ley contempla protección frente a despidos arbitrarios por motivos de discapacidad, pero no otorga beneficios a los familiares que cuidan a personas con dependencia severa.

La brecha legal se amplía cuando se analizan las condiciones para acceder a un empleo formal. Según Lora, existe una desconexión entre la demanda empresarial y la realidad social. “Las empresas contratan a quien les resulta productivo y capacitado. Si una persona con discapacidad o un cuidador no tiene el perfil técnico, no será contratado”, enfatizó.

MODELO DE INCENTIVOS

Sin embargo, el abogado advirtió que obligar a las empresas a contratar a cuidadores por encima de otros perfiles podría afectar su libertad de contratación. “No puedes exigir que se contrate a un colectivo si este no ha sido formado o capacitado para lo que la empresa necesita”, sostuvo. Por ello, propone un modelo de incentivos más que de sanciones.

“El Perú está lleno de sanciones. Si no contratas, te sanciono. Si no cumples, te multo. Pero no hay políticas efectivas de inclusión laboral con incentivos reales. Lo que se necesita es que estos colectivos accedan a educación, préstamos y capacitación para que puedan ser competitivos en el mercado”, indicó en entrevista con Página Doble.

Lora también señaló que una opción inmediata sería fomentar el teletrabajo y ofrecer beneficios tributarios a los empleadores que contraten cuidadores formales. “El Estado podría, por ejemplo, reducir el aporte del 9 % al 6 % en salud para estos casos. Eso puede marcar una diferencia sin afectar la economía de las empresas”, sugirió.

Como vemos, existen alternativas viables para proteger laboralmente a quienes cuidan a personas con discapacidad severa. ¿Por qué no se implementan? ¿Hasta cuándo el Estado seguirá actuando como si esta realidad no existiera? Si cuidar es un trabajo, entonces también merece derechos.

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