Por: Edwin Peccio Chavesta

Mucho se habla del modelo económico peruano en los últimos tiempos, desde el lado de lo ideológico, desde el lado de los hechos sociales redistributivos y desde el lado de los resultados en la estabilidad macroeconómica.

Intentaremos aquí, dilucidar qué es este llamado modelo económico peruano, que desde la izquierda política le llaman “neo liberalismo salvaje”, desde la derecha política le llaman “economía de libre mercado”, y terceros le llaman el “milagro económico peruano”.

Pues empecemos por observar qué dice la Constitución en su título del régimen económico:

Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

La Economía Social de Mercado se basa en la organización de los mercados como mejor sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operación eficiente y equitativa.

En casos específicos, requiere compensar o corregir posibles excesos o desequilibrios que puede presentar el sistema económico moderno basado en mercados libres, caracterizado por una minuciosa y extensa división del trabajo y que, en determinados sectores y bajo ciertas circunstancias, puede alejarse de una competencia funcional.

Descarta como sistema de organización la economía planificada centralmente.

Esta definición de una Economía Social de Mercado como modelo sociopolítico básico proviene de las ideas desarrolladas por Alfred Müller-Armack (1901-1978).

En su obra “Dirección Económica y Economía de Mercado” (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft), escrita en 1946, no sólo acuñó el término Economía Social de Mercado, sino que contribuyó, en colaboración con otros pensadores, a la fundamentación de su concepción teórica.

Según la definición de Müller-Armack, el núcleo de la Economía Social de Mercado es la “combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”.

El marco referencial es el concepto de la libertad del hombre complementada por la justicia social.

La economía social de mercado presupone que un sistema económico que se desarrolla implica un consenso social que se basa naturalmente en la participación de los beneficios obtenidos en el proceso de crecimiento.

Un sistema económico adecuado y productivo no puede basarse en una sociedad conflictiva, y un sistema económico productivo y eficiente genera conflictos de intereses concretos si los beneficios no se difunden de una manera amplia en la sociedad en la que se producen.

Hasta aquí, en lo esencial hemos dado una repasada en lo que plantea la constitución del Estado y en qué consiste la Economía Social de Mercado como sistema económico que busca el bienestar general de la población.

Pues, ahora revisemos en qué se fundamenta o cuales son las bases sobre las cuales se erigió el modelo económico peruano actual. Para empezar ello, tenemos que advertir cuál fue el contexto económico del que Perú pasaba en la década de los 80s. Sin abundar mucho en detalles, diremos que hubo dos causas principales que provocaron la crisis económica en Latinoamérica, en general, y en el Perú: i) el proteccionismo con el excesivo intervencionismo del Estado y ii) la incapacidad del gobierno para controlar el déficit fiscal.

El PBI per cápita se redujo en términos reales en más de un 20%. La hiperinflación menguó los ahorros y la riqueza de forma devastadora, y el país padeció una intensa inestabilidad económica y social.

La tasa de inflación anual superó el 50% durante toda la década, disparándose por encima del 1,000% en los años 1988 y 1989, y el promedio del déficit fiscal anual llegó a situarse por encima del 8.5% del PBI.

Ante ese contexto de crisis económica, y el nuevo gobierno de los 90s que no tenía un plan de gobierno, ya existía una propuesta a nivel internacional denominada el Consenso de Washington, que es un conjunto de diez medidas de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson con el objetivo de apoyar a las naciones en desarrollo a salir de la crisis económica. Se denominó así porque participaron tres instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, las tres instituciones ubicadas en Washington.

Las medidas fueron las siguientes: 1. Disciplina fiscal, 2. Reordenación de las prioridades del gasto público, 3. Reforma tributaria, 4. Liberalización de las tasas de interés, 5. Tipo de cambio también marcado por el mercado, 6. Liberalización del comercio, 7. Liberalización de la inversión extranjera directa, 8. Privatización, 9. Desregulación y 10. Derechos de propiedad.

¿Les suenan conocidas esas medidas? Para aquellos que vociferan que fueron generadas por el expresidente de los 90s y su equipo de gobierno, pues es falso; fueron medidas adoptadas por ese gobierno y lideradas por el FMI, lo que es diferente.

Tales reformas, de la década de los noventa condujeron a: i) la eliminación de las barreras a la inversión privada, ii) la inversión y las exportaciones crecieron de forma sustancial durante este período, y iii) el déficit fiscal y la inflación disminuyeron. Así mismo, se registró un crecimiento económico a una tasa media anual de casi el 4% entre 1991 y 1997. Ciertamente, y para tenerlo en claro respecto de los periodos de espacio-tiempo, hasta aquí se cuentan los logros de los 90s.

A finales de los noventa y principios de la década de los 2,000, en pleno periodo de recuperación de la democracia, el Perú emprendió reformas para ganar credibilidad tanto en el frente monetario como fiscal:

a) La adopción de un régimen de inflación objetivo en 2002 para aumentar su estabilidad monetaria.

b) La ley de responsabilidad fiscal de 1999 para fortalecer las finanzas públicas y reducir la deuda pública, ayudaron a estimular la inversión y a mejorar la confianza del consumidor.

Como podrán advertir, no solo fue importante la adopción de darle autonomía al Banco Central de Reserva en 1993 vía constitucional, sino que fueron muy importantes las medidas de política que se tomaron en el plano monetario (2002) y fiscal (1999) ya luego de la salida del periodo de los 90s.

Entre el año 2000 y el 2014 el crecimiento económico alcanzó una tasa media anual del 5.3%. Durante este periodo, el crecimiento del PBI del Perú fue el segundo mayor de América Latina y el Caribe, sólo detrás de Panamá, y muy por encima de la media regional del 3.1%.

Las condiciones externas favorables también han resultado clave para dicho crecimiento económico, gracias a los altos precios internacionales de las materias primas y el relativo elevado acceso a la financiación internacional.

Digamos que, hasta esta altura del análisis, el Perú presenta un marco macroeconómico sólido y estable a pesar de la coyuntura política enrarecida que se tiene. Este es el modelo económico peruano, que durante las últimas décadas gracias al manejo monetario y fiscal ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica.

En otras palabras, si advertimos que durante el siglo XX pasado el Perú enfrentaba y aún en términos relativos enfrenta cuatro limitantes a su desarrollo, las cuales son: i) la restricción externa o escasez de divisas, ii) escasez de ahorro interno, iii) desigualdad distributiva, y iv) desarticulación productiva entre sectores económicos. El Perú actualmente tiene en reservas internacionales netas US$ 87,130 millones y ha conseguido un buen nivel de ahorros internos, aunque este último precisamente se ha visto con serias dudas respecto de su adecuado manejo por el aumento del margen de las metas de déficit fiscal respecto del PBI y el porcentaje de la deuda externa en los dos últimos años.

Sin embargo, con esos datos, podemos decir que hemos logrado durante estas dos últimas décadas mejorar en términos relativos las dos limitantes descritas líneas arriba. Pero, ¿para qué sirve superar esas dos limitantes? Pues para afrontar a las otras dos, es decir, promover la mejora y superación de la desigualdad distributiva de los ingresos en la población con adecuada asignación de los recursos y eficiente gasto público; así mismo, generar la confianza activando las sinergias con el sector privado para la mayor articulación productiva. Y esto, no está pasando, por lo cual se habla de la falla del modelo económico.

Y yo, advierto, no es directamente debido a una falla del modelo, sino a las decisiones desde lo más alto del poder político, de aquellas personas que dirigen la gestión pública, las cuales no ejercen su función respaldadas en un plan coherente de desarrollo a mediano y largo plazo, sino, por el contrario, manejan la política en base a sus intereses particulares y de grupo. Esto es corrupción, y debiera tratarse como traición a la patria.

En suma, el modelo, que es una economía de mercado, no alcanza todavía la anhelada y normada economía social de mercado y lo que ello conlleva: que la población disfrute de sus beneficios.

Aún así, si este modelo corrigiera las fallas provenientes de las decisiones del ámbito político, los objetivos de política que se persiguen son solo los de obtener el crecimiento del PBI, y no existen objetivos de desarrollo económico -esto es hablar de políticas públicas de mediano y largo plazo- y entre las más importantes está transformar la estructura productiva del Perú, pasar de una primaria exportadora y de servicios, hacia una de mayor industrialización.

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