En Página Doble, repasamos los aspectos más relevantes de la deuda del Estado con el magisterio, que no solo es económica, sino también institucional y estructural.

Por: Ángel Sánchez Lázaro

La figura del maestro ha sido clave en la formación de generaciones, incluso en contextos marcados por desigualdad, violencia o crisis sanitaria. Sin embargo, el rol del docente en el Perú sigue siendo precarizado por condiciones laborales desfavorables, falta de reconocimiento real y políticas que no responden a sus demandas históricas. A pesar de los discursos oficiales, la deuda del Estado con el magisterio no solo es económica, sino también institucional y estructural.

Este 6 de julio conmemoramos el Día del Maestro en un contexto en el que muchas promesas al magisterio siguen sin cumplirse. A pesar del reconocimiento simbólico y del avance en pensiones, persisten brechas en el pago de la deuda social, la remuneración, la carrera docente y el bienestar emocional de los maestros. El Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha sido firme en sus reclamos, visibilizando una vez más las deficiencias estructurales. A continuación, el análisis de lo pendiente y por qué es urgente atenderlo.

PRINCIPALES DEMANDAS

Uno de los principales avances recientes ha sido la aprobación de una pensión mínima para los docentes jubilados. En junio, el Congreso promulgó la Ley que establece una Remuneración Íntegra Mensual (RIM) equivalente a S/ 2,850 para todos los profesores retirados del sector público y del Sistema Privado de Pensiones. La medida incluye un reajuste automático cada vez que aumente la remuneración de los docentes activos, y beneficiará a miles que actualmente perciben entre S/ 600 y S/ 1,200. Sin embargo, su implementación depende de la asignación de un presupuesto superior a S/ 1,200 millones anuales, algo que aún no está garantizado.

El magíster en Docencia Universitaria Rafael Mugruza, en conversación con Página Doble, advierte que «estas medidas, si bien son necesarias, no deben verse de forma aislada”.

Una de las principales demandas del magisterio es el pago total de la deuda social. El Ministerio de Educación (Minedu), en febrero de 2025, publicó el Decreto Supremo N.º 001‑2025‑MINEDU (8 de febrero), que prioriza pagos de hasta S/ 3,000 para mayores de 65 años y hasta S/ 30,000 para docentes con enfermedades terminales, destinando S/ 200 millones para el ejercicio 2024. Sin embargo, el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) exige el cumplimiento de un acuerdo firmado en 2021 que establecía un presupuesto anual de S/ 1,000 millones.

Como es sabido, el Estado transfiere los recursos del presupuesto público a los gobiernos regionales, encargados de ejecutar el pago a los beneficiarios. Sin embargo, en muchas regiones, estos fondos no se desembolsan de manera oportuna ni eficiente, debido a limitaciones técnicas, administrativas o políticas. Mugruza advierte: “Se delegaron competencias a los gobiernos regionales sin asegurar capacidad técnica ni recursos. Esto ha hecho que el rol del gobernador regional sea muchas veces más un problema que una solución”.

Respecto a la remuneración docente, el sueldo base en 2025 es de S/ 2,850, mientras que la canasta básica urbana —que incluye alimentación, transporte, salud y servicios— supera los S/ 3,500 mensuales, según estimaciones del INEI. En marzo, el Minedu implementó un aumento de S/ 200 que volverá a repetirse en noviembre, elevando el ingreso de la primera escala a S/ 3,300. Sin embargo, el SUTEP considera insuficiente este ajuste y exige que el sueldo base se aproxime al valor de una UIT (S/ 5,350).

Mugruza atribuye esta brecha a una “mirada centralista” del Estado, es darle más importancia a las capitales, a lo que tradicionalmente, considera pues su ciudad más importante y donde están localizados los principales medios, sistemas de producción y las clases sociales.

La carrera pública magisterial también ha sido objeto de controversia. El 18 de junio se publicó la Ley N.º 3239, que permite el ingreso excepcional de más de 21,000 docentes que aprobaron el concurso nacional del 2022 pero no accedieron a una plaza. Si bien la norma busca reconocer ese mérito, diversos especialistas y gremios señalan que este tipo de disposiciones abre la puerta a criterios discrecionales y vulnera el principio de meritocracia. En ese contexto, Mugruza señala que «esto distorsiona el concurso y puede generar decisiones discrecionales. Se desdibuja el mérito como eje del acceso a la carrera y eso pone en riesgo la calidad educativa”.

La formación docente también enfrenta limitaciones. Programas como el de Inducción Docente, Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y Estrategias Multigrado se implementan a través de convenios con universidades públicas como San Marcos, La Cantuta, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (Amazonas) y la UNAP (Loreto), con una inversión de más de S/ 40 millones durante todo el año 2025.

No obstante, docentes de regiones como Loreto, Ayacucho y Amazonas reportan que estos cursos no consideran sus realidades: muchos abordan temáticas tecnológicas o pedagógicas desde una lógica urbana, sin tomar en cuenta la diversidad lingüística, el aislamiento geográfico o los recursos limitados. Mugruza asegura que “un maestro aislado, por más que haga un gran trabajo, no puede generar cambios estructurales”.

En un país donde la educación es clave para cerrar brechas y construir un futuro más justo, los maestros cumplen un rol insustituible. Son ellos quienes, día a día, sostienen la esperanza de miles de niñas, niños y jóvenes, muchas veces en condiciones adversas. Por ello, más allá de los homenajes simbólicos, el Estado tiene el deber de responder con hechos: garantizando condiciones dignas de trabajo, acceso a capacitación permanente con enfoque territorial y políticas coherentes con la realidad del país. Revalorar al docente no es solo una deuda con el presente, sino una inversión fundamental para el porvenir del Perú.

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