Por: Ángel Sánchez Lázaro

Miles de mineros artesanales se encuentran en huelga indefinida en varias regiones del país, tras ser excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), instrumento que durante más de una década ha sido la única vía para legalizar su actividad.

Las protestas —que han incluido bloqueos en la Panamericana Sur y otras vías— vuelven a poner en el centro del debate la falta de una política de Estado clara frente a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

Los gremios exigen la ampliación del REINFO, la salida del ministro Jorge Montero y la promulgación de la denominada Ley MAPE, que ha ganado fuerza en los últimos días tras su debate en la comisión respectiva del Congreso.

En el interín, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, que amplía el plazo de inscripción en el REINFO hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, excluye a más de 50,000 mineros cuyos registros fueron considerados inactivos.

Esta medida se enmarca en la Ley N.º 32213, promulgada en diciembre de 2024. La norma otorga al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la facultad de retirar el beneficio del REINFO a quienes incumplan requisitos técnicos y de avance para formalizarse. ¿En qué situación nos encontramos?

Una nueva ley: ¿esperanza o retroceso?

En paralelo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso debate el predictamen de la Ley MAPE, impulsada por el congresista Paul Gutiérrez. Esta propone crear un nuevo registro denominado RENAPMAT, mecanismos de trazabilidad y beneficios para “mineros tradicionales”.

¿Pero qué es lo que, en el fondo, piden los mineros? «Lo que buscan es seguir operando sin cumplir ningún requisito», señaló el abogado ambientalista César Ipenza. Recordó que la formalización lleva más de 23 años y que muchos manifestantes quieren que el REINFO se mantenga sin condiciones.

Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincide en que los mineros se califican a sí mismos como mineros artesanales cuando, en realidad, son ilegales. “Quieren evitar controles ambientales, de seguridad y de explotación”, sostuvo en conversación con Página Doble.

Ambos expertos criticaron también la falta de coherencia del Ejecutivo. Para Ipenza, el MINEM ha pasado de ser permisivo a mostrarse firme, pero sin un rumbo claro: “Ni siquiera habían hecho operativo el REINFO y ahora se presentan como firmes”.

Gálvez fue más allá: recordó que el REINFO fue creado con un plazo inicial de seis meses, pero ya lleva más de dos décadas. “Esto es una tomadura de pelo. Los culpables son los gobiernos que lo han prorrogado indefinidamente”, insistió.

Sobre el proyecto legislativo, Ipenza admitió que se necesita una ley para la MAPE, pero basada en cumplimiento, no en excepciones. Gálvez es más crítico: “Si la Ley MAPE estuviera vigente hace años, proyectos como Antamina o Bayóvar no existirían”.

Gálvez mencionó que el 50% del impuesto a la renta minera se convierte en canon, y de ese monto, el 5% va a las universidades. “Ese fondo debería servir como capital semilla para nuevos proyectos desde la academia”, enfatizó.

También sugirió que concesiones caducadas podrían reasignarse formalmente a pequeños mineros, o utilizar contratos de cesión ya existentes en la ley, pero bajo reglas claras.

Mientras tanto, el Congreso sigue debatiendo la ley y la huelga continúa. El conflicto revela la urgencia de una reforma integral, pero también el riesgo de que se impongan soluciones improvisadas que agraven el desorden.

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