La legisladora de la bancada de Renovación Popular propuso una iniciativa para destacar más agentes policiales al interior del país usando indicadores del INEI de 2012 al 2017.

Por: Liz Bravo

Un proyecto de ley que propone modificar el Decreto Legislativo 1267 para garantizar un mayor número de efectivos de la Policía Nacional del Perú en las regiones ha generado controversia, no por el fondo de la propuesta, sino por la forma en que ha sido sustentada.

La iniciativa 11877/024-CR fue presentada por la congresista María Jessica Córdova Lobatón, de Renovación Popular, el pasado 8 de julio, con el fin de corregir el desequilibrio en la distribución de personal policial entre Lima y las demás regiones del país. No obstante, el documento legislativo usa cifras del periodo 2012-2017 como soporte estadístico, dejando fuera más de siete años de transformaciones, reformas, y una evolución crítica del crimen organizado en el Perú.

En la exposición de motivos del proyecto, la congresista cita datos que, según el propio texto, provienen de informes emitidos por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Uno de los indicadores clave que utiliza es el número de efectivos por cada mil habitantes, haciendo énfasis en la concentración de policías en Lima en comparación con regiones como Puno, Ayacucho o Piura.

Si bien el proyecto de ley incluye principalmente cifras del periodo 2012-2017, también incorpora datos recientes. Se señala, por ejemplo, que en el primer trimestre de 2024 se registraron 5,014 denuncias por extorsión, un incremento del 14% respecto al mismo periodo de 2023. Además, se indica que más del 80% de estos casos ocurrieron en Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque y El Callao.

Sin embargo, estos datos no están directamente relacionados con la distribución de efectivos policiales, eje central del proyecto. También se menciona que en el periodo 2023-2024 egresaron 7,917 alumnos de escuelas policiales, de los cuales el 75 % se concentró en Lima, lo que evidencia una formación centralizada, pero no sustituye un diagnóstico actualizado sobre la dotación regional de policías.

El problema radica en que estas cifras no reflejan la realidad actual. No consideran, por ejemplo, la redistribución de fuerzas tras el estado de emergencia en varias zonas del país, ni el incremento de personal en regiones golpeadas por el crimen organizado, como Trujillo, San Juan de Lurigancho o Pataz.

Al revisar la exposición de motivos del proyecto, no hay mención alguna a cifras del 2020 en adelante. Esto, a pesar de que el Ministerio del Interior publica anualmente estadísticas sobre distribución de efectivos, y el INEI reporta información sobre criminalidad y respuesta institucional actualizada.

La falta de actualización de la data plantea una preocupación legítima: ¿puede una propuesta legislativa responder con eficacia a la situación del 2024 si se basa en datos de hace más de una década?

La propuesta de la congresista no ha sido mal recibida en su objetivo central: aumentar la presencia policial en las regiones es una demanda ciudadana real. Departamentos como La Libertad, Lambayeque y Piura enfrentan niveles críticos de inseguridad y criminalidad organizada.

Empero, el sustento numérico desfasado debilita el argumento técnico y plantea dudas sobre la precisión del diagnóstico. Además, genera el riesgo de que se propongan redistribuciones basadas en realidades que ya cambiaron o que no contemplan nuevas zonas de conflicto.

CIFRAS ESTÁN AL ALCANCE DE LA MANO

¿Por qué la congresista Córdova no añadió los datos actuales de la problemática sobre la que gira su iniciativa legislativa? A través de una rápida búsqueda en la red, Página Doble encontró datos actuales con indicadores de agentes policiales destacados en las principales regiones del país.

Así, por ejemplo, según el reporte oficial del Ministerio del Interior de abril de 2025, el Perú cuenta con 134,023 efectivos policiales, de los cuales más de 47 mil están concentrados en Lima Metropolitana, mientras que regiones como Ucayali (2,092), Huancavelica (1,582) o Amazonas (1,649) no superan los 2,100 agentes asignados cada una. Esta marcada disparidad evidencia que la brecha entre la capital y otras regiones del país se mantiene vigente, aunque con variaciones importantes respecto a los años anteriores en los que la congresista sustenta su propuesta legislativa.

Por otro lado, el Boletín de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI, correspondiente al semestre móvil diciembre 2024 – mayo 2025, revela que el 85,4 % de la población urbana de 15 años a más percibe que puede ser víctima de un delito en los próximos doce meses. La mayor proporción se registró en las principales ciudades del país, donde la cifra llegó al 87,4 %, mientras que en Lima Metropolitana y el Callao alcanzó el 87,2 %.

Estas cifras representan un contexto de inseguridad persistente, que exige respuestas legislativas alineadas con la realidad actual y no con indicadores de hace más de una década.

Estas cifras están al alcance de cualquier ciudadano y forman parte del ecosistema de información pública. Su omisión en la exposición de motivos del proyecto de ley no solo genera dudas sobre el rigor técnico de la propuesta, sino que debilita su validez como instrumento de política pública.

¿QUIERES QUE PUBLIQUEMOS TU NOTA DE PRENSA O ARTÍCULO DE OPINIÓN?

¡ESCRÍBENOS A COMERCIAL@PAGINADOBLE.COM!