Aunque el planteamiento busca atender necesidades urgentes, sin una mejora en la gestión y planificación, los recursos podrían no traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía.

Por: Ángel Sánchez Lázaro

El Ejecutivo presentó al Congreso un nuevo proyecto de ley que propone la aprobación de un crédito suplementario por más de S/ 640 millones para atender necesidades urgentes en diversos sectores como seguridad, justicia, salud, inclusión social y medio ambiente. 

Esta medida se da en un contexto en el que varios de estos sectores enfrentan deficiencias estructurales que limitan su capacidad de respuesta, especialmente a nivel regional.

¿A QUÉ SECTORES SE DESTINARÁN LOS RECURSOS?

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los fondos adicionales se distribuirán de la siguiente manera:

• Ministerio de Justicia: S/ 17 millones para fortalecer la lucha contra la delincuencia.
• Instituto Nacional Penitenciario (INPE): S/ 40 millones para mejorar el sistema penitenciario.
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis): S/ 94 millones para mantenimiento de infraestructura de Foncodes y ejecución del programa Haku Wiñay.
• Ministerio del Ambiente: S/ 2 millones para reforzar la política ambiental.
• Ministerio de Salud (Minsa): S/ 90 millones para adquirir medicamentos e insumos médicos para hospitales de Lima Metropolitana y regiones.

ASÍ ESTÁ CADA SECTOR

El rubro de Orden Público y Seguridad para 2025 asciende a S/ 15 532 millones, lo que representa un incremento del 8.4 % respecto al año anterior (S/ 1 198 millones adicionales).

Sin embargo, el 37 % de ese aumento —unos S/ 442 millones— está enfocado en el control de protestas y conflictos sociales, mientras que se destina menos a la prevención del delito y a la reinserción social, según reportes del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú) .

El Poder Judicial, por su parte, enfrenta restricciones presupuestales que han impedido la implementación de nuevos juzgados y unidades de flagrancia en regiones con alta carga procesal. Entre las zonas más afectadas figuran:

• Chancay, Huaral y Huacho (Huaura), donde se ha solicitado la creación de seis nuevos órganos jurisdiccionales ante el crecimiento económico y de casos por el megaproyecto del puerto.

• Lima (Este, Norte y Sur), Callao, Puente Piedra–Ventanilla, con alta demanda de Unidades de Flagrancia no implementadas.

• Piura, donde se requiere crear juzgados de ejecución para resolver el exceso de procesos.

• Apurímac, Puno, Amazonas, San Martín, Ucayali, regiones con demanda urgente de flagrancia.

• Amazonas, Madre de Dios y Selva Central, varios juzgados siguen operando en locales alquilados o precarios, sin infraestructura adecuada.

El INPE (Instituto Nacional Penitenciario), adscrito al Ministerio de Justicia, atraviesa una crisis sostenida de hacinamiento, con un promedio nacional de ocupación del 130 % y picos de hasta 500 % en 49 de los 68 establecimientos penitenciarios del país, según cifras oficiales e informes de Infobae.

Aunque el Ejecutivo ha transferido S/76.5 millones para mejorar la infraestructura penitenciaria en regiones como Arequipa y Pucallpa, el sistema continúa mostrando graves carencias en espacios educativos, talleres laborales y atención médica, factores claves para la rehabilitación social.

El programa Haku Wiñay, ejecutado por FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social), tiene como objetivo potenciar las capacidades productivas de comunidades rurales. Según el último reporte del MIDIS, ha alcanzado una ejecución presupuestal del 68 % hasta abril de 2025, aunque su promedio histórico supera el 90 %.

El programa se viene ejecutando en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Sin embargo, en las zonas más dispersas y de difícil acceso aún hay retrasos en la implementación de infraestructura y el acompañamiento técnico.

El MINAM (Ministerio del Ambiente) es uno de los sectores con mejor desempeño presupuestal. Durante 2025 ha alcanzado un récord de ejecución del 97.2 %, lo cual ha permitido financiar múltiples proyectos, como la gestión de residuos sólidos y proyectos de conservación ambiental en diversas provincias. Pese a ello, sigue siendo insuficiente el financiamiento en áreas críticas como la vigilancia ambiental y la lucha contra la minería ilegal, especialmente en zonas de la Amazonía peruana, donde la depredación ambiental y la ausencia del Estado son persistentes.

El Ministerio de Salud planea ejecutar más de S/ 2 200 millones en 2025 en la adquisición de medicamentos e insumos, canalizados principalmente a través del CENARES (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), encargado de las compras, almacenamiento y distribución a hospitales y centros médicos a nivel nacional. No obstante, persisten fallas logísticas y de coordinación que han generado desabastecimiento en al menos 14 regiones, incluyendo Junín, Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque, Ucayali y Huánuco. 

Un caso emblemático ocurrió entre el 1 y el 7 de abril de 2025 en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde la disponibilidad de suero fisiológico cayó al 0.9 % del stock. La emergencia fue provocada por la inmovilización de un lote defectuoso de la farmacéutica Medifarma y expuso graves deficiencias administrativas. 

La escasez fue tal que los familiares de los pacientes debieron adquirir el insumo por su cuenta. Además, entre 2020 y 2023, el CENARES perdió medicamentos por un valor de S/ 41.7 millones debido a vencimientos de más de 15 millones de unidades, según reveló una investigación de Ojo Público.

Aunque el crédito suplementario busca atender necesidades urgentes, sin una mejora en la gestión y planificación, los recursos podrían no traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía. En sectores como justicia, salud o el sistema penitenciario, los problemas no solo son financieros, sino también estructurales y de eficiencia operativa.

El Congreso deberá evaluar esta propuesta en los próximos días. Mientras tanto, queda claro que la eficiencia del gasto será clave para que esta inyección de recursos realmente impacte en la calidad de vida de los peruanos.

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