Por: Edwin Peccio Chavesta

¿Cuándo se considera que una política pública es efectiva?

Normalmente las políticas tienen que tener ciertas condiciones en su formulación. Primero, tienen que nacer de la necesidad de enfrentar un problema social, luego, tienen que contar con objetivos y metas claras, con indicadores medibles y sobre todo contar con presupuesto. Hasta aquí, ya tenemos cubiertas las condiciones necesarias, pero aún no son suficiente para que la política pública sea efectiva y rinda resultados e impacto positivos en la población beneficiaria.

A mi entender y experiencia propia, la efectividad de las políticas públicas, que cumplen con esas condiciones iniciales, depende de quién (persona o equipo) la ejecute y de la oportunidad de su implementación en el tiempo.

Ahora, por otro lado, en nuestro país la mayoría de los que se dedican a la política no son profesionales como hacedores de política ni como decisores de política, y al parecer, mucho menos persiguen objetivos de bien común y desarrollo nacional, más por el contrario, la realidad da cuenta que la mayoría persigue sus intereses personales y de grupo, creando entre sí hermandades casi secretas para corromper la acción pública.

Dentro de esa clase o tipo de personas que manejan la cosa pública, al parecer, existe esa idea de que democracia es exactamente igual a participación y que gestionar la política de otra forma, no es democrático y por tanto es un pecado político. Degradan de esta manera la noción de democracia a la acción pública de una aldea y no a la de un país en desarrollo.

¿Qué es la democracia y cuáles son sus fines?

Primero que nada, debemos hacer notar que desde la definición griega de democracia (en ciudades–Estado) a la actualidad del mundo occidental y desarrollado (en Estados– Nación), la democracia ha devenido en considerarse pura y liberal, en la que se vela por la igualdad nominal de los hombres ante la ley, movidos por un gaseoso ideal de la libertad individual y nacional. En estos tipos de países la democracia ha sufrido una evolución, a la par de su desarrollo político y social, que están ligados también al desarrollo económico.

En el caso del Perú, la independencia del reino de España fue sólo una emancipación política, sin embargo, la organización social siguió teniendo formas injustas de carácter económico. La democracia no cumplió, así, su destino social, permaneciendo el Perú aislado y retrasado por mucho tiempo, bajo la sobrecarga de un estanco régimen feudal. Luego, de la caída del régimen oligárquico, la democracia representativa, resultó ser un artificio y bajo su inestable organización jurídica subsistieron los viejos órdenes económicos y grandes injusticias sociales, los cuales se mantienen y han sido reforzados por sistemas de corrupción, hoy en día.

En tal sentido, la democracia debe ser considerada como una función tanto política como social; es así que, a diferencia de la democracia puramente liberal, la concepción democrática en la evolución social del Perú debe tener un contenido funcional, que no solo mejore el orden político sino también el orden social que está ligado a lo económico.

La concepción de la libertad del hombre como ciudadano (política) y de la libertad como agente productor (social-económica) es inseparable de la concepción de justicia social.

La democracia es la que considera al hombre no solamente como miembro de un Estado representativo que se gobierna por decisión de las mayorías representativas, sino también existe una dimensión económica, a la cual no todos los pobladores de la población total están integrados.

En el Perú una verdadera democracia cuyo objetivo sea lograr la libertad con justicia, es inseparable de una concepción política estrechamente vinculada a su economía.

Por tales razones y consideraciones observadas de la realidad y del conocimiento es que, los advenedizos en política cuando asumen cargos con poder de decisión, sólo avanzan sobre plataformas de representación y participación, y no de plataformas que consideren las funciones políticas y sociales de una verdadera democracia.

Concluyendo, si tomamos de ejemplo a la política pública de la llamada “Reconstrucción con Cambios” está basada en una plataforma de participación del gasto presupuestal a niveles de gobiernos subnacionales; y la gestión efectiva de la política se diluye cuando es más descentralizada (participativa). En este caso, las unidades ejecutoras son una lista sin fin de gobiernos locales distritales, provinciales y gobierno regionales.

Gobiernos tales que, en su inmensa mayoría no tienen las capacidades de gestión ni cuentan con calificados proveedores de servicios y productos.

Pensar en una democracia funcional optimizando el orden social con un sistema económico en el cual todos los ciudadanos estén integrados es pensar en la efectividad de la política pública.

En tal sentido, (sólo en casos de emergencia, como lo puede producir el Fenómeno del Niño Costero) las líneas matrices de reconstrucción y de las grandes obras urgentes en toda la región del norte deben de estar centralizadas su ejecución en el gobierno nacional; y las obras de menor envergadura en los gobiernos subnacionales.

Para seguir con el ejemplo, la metodología que usaba la Autoridad RCC que hoy es la Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN es ver qué gobiernos subnacionales tienen “mejor” capacidad de ejecución en obras de infraestructura y transferirles el presupuesto; la metodología creo debería ser al revés, ver qué obras son las más importantes y asignárselas al propio gobierno central y ejecutarlas hasta en doble horario si es necesario. El famoso principio de subsidiaridad funciona en épocas de tranquilidad no debería regir en épocas de emergencia. Así la acción pública de la RCC dejaría de ser solo una fuente de transferencias de fondos.

Lo importante de esta política es la EJECUCIÓN y EL TIEMPO, para que tengan rápido impacto en la población afectada. Sin embargo, estas dos variables no están siendo tomadas en serio por parte del gobierno, por, entre muchos factores, su noción de uso de los presupuestos descentralizados o con mayor participación. ¿Su valor agregado más grande a la acción pública es transferir?

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