La posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro ha reavivado el debate sobre el destino de Venezuela y la estabilidad de la región. Desde hace años, el régimen chavista ha sumido a su país en una crisis política, económica y humanitaria sin precedentes. Millones de venezolanos han huido buscando refugio y oportunidades en otros países de América Latina, siendo el Perú uno de los principales receptores de esta diáspora.

Sin embargo, una acción militar extranjera abre múltiples interrogantes. Si bien podría poner fin a un gobierno autoritario que ha vulnerado derechos y suprimido libertades, también podría desencadenar un escenario de violencia interna e inestabilidad regional. Un derrocamiento abrupto podría fragmentar aún más a las fuerzas políticas venezolanas, dar pie a conflictos armados internos y obligar a nuevos desplazamientos masivos de personas. Y, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, ¿qué consecuencias tendría para América Latina un precedente en el que la fuerza sustituya al diálogo?

Para el Perú, la situación no es ajena. Actualmente alberga a una de las comunidades venezolanas más grandes del mundo, que supera los 1.5 millones de personas. Esta presencia ha generado oportunidades y aportes económicos, pero también ha planteado retos significativos en materia laboral, social y de seguridad ciudadana. Una escalada de la crisis venezolana —con o sin intervención militar— podría aumentar la presión migratoria, generar nuevas olas de ingreso y exigir al Estado peruano mayores capacidades de respuesta.

Por ello, cualquier análisis sobre la posible intervención debe contemplar no solo la caída de Maduro, sino también lo que vendría después: ¿un gobierno de transición respaldado por la comunidad internacional? ¿Elecciones libres supervisadas? ¿Un plan de reconstrucción económica y social para un país devastado? Sin un horizonte claro, el riesgo es que se repita la historia de intervenciones externas que resolvieron un problema inmediato, pero sembraron otros más profundos y prolongados.

Para el Perú, además, surge un reto diplomático adicional: mantener una posición firme en defensa de la democracia y los derechos humanos, sin comprometer su estabilidad interna ni sus relaciones con los principales actores internacionales involucrados. La postura que adopte nuestro país podría marcar la diferencia entre contribuir a la solución o verse arrastrado por sus consecuencias.

La salida de la dictadura de Maduro es, sin duda, necesaria. Pero el método y las consecuencias deben ser cuidadosamente evaluados. Porque, en esta crisis, Venezuela no será la única que pague el precio.

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