Pese a cargar con un impedimento judicial de 18 meses para salir del país, Juan José Santiváñez fue designado por Dina Boluarte como nuevo ministro de Justicia. El mensaje político es claro: en el actual Gobierno, los intereses particulares pesan más que el bien común.

Por: Ángel Sánchez Lázaro

El sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte juramentó a Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia. Su nombramiento ocurrió a pesar de que el Poder Judicial le impuso un impedimento de salida del país por 18 meses, al considerar que existe riesgo de fuga en el marco de una investigación por tráfico de influencias agravado.

En mayo de 2024, Santiváñez llegó al Ministerio del Interior y meses después asumió como ministro del sector, pero su gestión se hundió en medio de cuestionamientos por encubrir al prófugo Vladimir Cerrón y montar operativos contra supuestas mafias de extorsión. En marzo de 2025 fue censurado por el Congreso, convirtiéndose en uno de los pocos ministros expulsados de esa forma en este quinquenio.

En la actualidad, Santiváñez, enfrenta graves acusaciones de corrupción documentadas por la Fiscalía. Hace cinco meses testigos protegidos afirmaron que, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, habría exigido U$60 000 para influir en jueces del Tribunal Constitucional a través de la exjueza Enma Benavides. Parte del acuerdo incluía la incorporación de su hijo, José Luján Benavides, en su estudio legal.

Ese mismo día se conoció que el general PNP Héctor Javier Petit Amésquita, investigado por compras irregulares en pandemia, entregó S/64,000 en efectivo en junio de 2020, en la oficina de Santiváñez, a cambio de frenar medidas legales en su contra. Esta declaración también fue sustentada por colaboradores eficaces ante el Ministerio Público.

En la audiencia en la que le dictaron impedimento de salida del país, otro testigo entregó audios y chats que acreditaban negociaciones por U$20,000. El dinero, dirigido a favorecer al interno Miguel Marcelo Salirrosas, habría sido depositado en tres partes.

A ello se suman imputaciones de agosto de 2025, que lo señalan como presunto cabecilla de una organización criminal instalada en el Ministerio del Interior. Se le atribuye haber favorecido a empresas como El Dorado en conflictos mineros en Ayacucho, disponer la contratación irregular de su excliente Percy Tenorio y coordinar acciones para blindar a la presidenta y a su hermano Nicanor.

Durante su gestión como ministro del Interior también se filtraron audios junto al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido comúnmente como “Culebra”, donde se hablaba de presiones políticas y de desactivar la División de Alta Complejidad de la Policí (Diviac).

El ministro negó que fuera su voz y aseguró que las grabaciones habían sido manipuladas. Sin embargo, la Fiscalía ordenó una pericia fonética en febrero de 2025, a la que no acudió en tres citaciones. Su ausencia fue criticada como un acto de desobediencia judicial. El caso sigue abierto a la espera de autorización del juez supremo para continuar con el peritaje.

A pesar de todo lo mencionado, Boluarte lo reincorporó al Gabinete Ministerial, esta vez como titular de Justicia. El hecho ha encendido las críticas: un funcionario bajo investigación, sin posibilidad de salir del país, está hoy al frente del sistema de justicia y de la política de derechos humanos en el Perú. ¿Hará algo el Congreso o seguirá sometiendo sus intereses a los del Ejecutivo?

Santiváñez, por su parte, niega todas las imputaciones. Ha calificado las acusaciones como montajes mediáticos y asegura que las denuncias responden a una campaña de desprestigio.

“Mi conciencia está tranquila”, repite, aunque los procesos en su contra avanzan en paralelo. El mensaje que deja su retorno es que la justicia peruana está, otra vez, en manos de alguien investigado por torcerla.

Un símbolo de la paradoja política peruana. Quienes deben asegurar transparencia y legalidad, terminan personificando las mayores sombras sobre el sistema.

El panorama, de nuevo, no es alentador.

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