Fujimori y Humala recibieron una dura condena, mientras otros exmandatarios como Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra siguen bajo investigación.

Por: Liz Bravo

La política peruana se ha convertido en un terreno donde todos los presidentes han enfrentado acusaciones judiciales. Entre condenas, procesos abiertos e investigaciones en curso, el país vive una permanente crisis institucional. La actual mandataria, Dina Boluarte, tampoco escapa de este escenario pues ya afronta investigaciones que podrían marcar su futuro cuando deje el gobierno.

En 2024, Alejandro Toledo (2001-2006) fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos, tras probarse que recibió millonarios sobornos de Odebrecht. El 3 de septiembre de 2025 sumó una nueva condena: 13 años y 4 meses de cárcel por el caso Ecoteva, donde se acreditó el uso de empresas offshore para lavar más de cinco millones de dólares mediante la compra de lujosas propiedades.

LISTA NEGRA

Pero, lamentablemente, Toledo es un renglón oscuro más en la política peruana. Otros expresidentes también fueron condenados. El caso más recordado es el de Alberto Fujimori (1990 – 2000), sentenciado a varias décadas de prisión por homicidio calificado, secuestro, lesiones graves y corrupción. Aunque fue indultado en 2023 y falleció en 2024, su condena sentó un precedente de justicia en el país.

La lista de condenados también incluye a Ollanta Humala (2011 – 2016), quien en abril de este año fue sentenciado a 15 años de cárcel por lavado de activos. La Fiscalía demostró que tanto Odebrecht como el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela financiaron ilegalmente su campaña presidencial.

Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018) continúa bajo investigación por presunto lavado de activos relacionado con Odebrecht. Aunque se encuentra en libertad, ha pasado por arresto domiciliario y mantiene restricciones judiciales.

En tanto, Martín Vizcarra (2018 – 2020) enfrenta un proceso por cohecho cuando fue gobernador de Moquegua. A mediados de agosto la justicia ordenó prisión preventiva, reforzando la idea de que la “trituradora de presidentes” no se detiene en el Perú, pero logró obtener nuevamente su libertad.

Otros expresidentes están presos pero de manera preventiva, mientras afrontan investigaciones fiscales por graves delitos. 

El caso de Pedro Castillo (2021 – 2022) es distinto pero igualmente grave. Tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, la justicia lo acusa de rebelión y conspiración. Hoy cumple prisión preventiva, mientras la Fiscalía solicita 34 años de cárcel en su contra.

A esta lista se suma el expresidente Alan García (1985 – 1990; 2006 – 2011), investigado por presunta corrupción en el caso Odebrecht. García se quitó la vida en 2019 cuando iba a ser detenido, lo que dejó inconcluso un proceso que pudo haber terminado también en condena.

En medio de este panorama se encuentra la actual mandataria, Dina Boluarte (2022-actualmente). Aunque no ha sido procesada formalmente, enfrenta investigaciones delicadas. Una de ellas es el llamado “Rolexgate”, por presunto enriquecimiento ilícito tras la aparición de relojes de lujo no declarados. Si bien el Congreso archivó el caso, la Fiscalía mantiene la indagación. A esto se suman las denuncias por la represión de protestas en 2022 y 2023, que dejaron decenas de muertos y que han llegado incluso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.

UN PROBLEMA GENERALIZADO

El constitucionalista, Víctor García Toma, sostuvo para Página Doble que la raíz del problema no solo está en la figura presidencial, sino en el debilitamiento del sistema político en general. “Lo primero que habría que hacer es fortalecer a los partidos, porque son el primer filtro de control. También necesitamos una ciudadanía más informada y una Contraloría y un Congreso que cumplan su rol con firmeza”, advirtió.

Sobre el rol del Parlamento, para fiscalizar al Ejecutivo y evitar casos de corrupción, García Toma manifestó: “En los últimos años, el Congreso ha decrecido en calidad y ha mostrado poca sensibilidad por los valores morales. Hoy no fiscaliza porque también está inmerso en un clima de corrupción generalizado”. 

A su juicio, el problema de la corrupción trasciende al Ejecutivo y alcanza al Poder Judicial, al Ministerio Público y, en mayor medida, a gobiernos locales y regionales, donde indicó que la cantidad de autoridades encarceladas supera a la de los expresidentes.

Consultado por el caso de Dina Boluarte, señaló que la inmunidad presidencial es una figura necesaria para proteger la institución y garantizar la gobernabilidad, pero insistió en que la clave está en la elección de los candidatos. “Si los partidos y los electores no eligen bien, cualquiera puede llegar a Palacio. Ya lo vimos con Castillo o Humala, que ni siquiera habrían sido regidores”.

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