El reciente retorno de Tomás Gálvez al Ministerio Público, esta vez como fiscal de la Nación, ha generado una comprensible alarma en la opinión pública. Gálvez no es un rostro nuevo ni neutro: estuvo involucrado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, una de las tramas de corrupción judicial más graves de los últimos años. Su presencia en el más alto cargo del Ministerio Público no puede pasar desapercibida ni normalizarse como un simple cambio administrativo.

El historial de Gálvez no solo se limita a “Cuellos Blancos”. También estuvo vinculado a la inscripción irregular del partido Podemos Perú, de propiedad del congresista José Luna Gálvez. Este episodio mostró la disposición del flamante fiscal de la Nación interino a actuar en los bordes —o fuera— de la legalidad. Que una persona con estos antecedentes vuelva a la Fiscalía en la cúspide del poder envía una señal devastadora para la ciudadanía y para la institucionalidad.

El camino de Gálvez a la jefatura del Ministerio Público se abrió a raíz de la salida de Delia Espinoza, y ese reemplazo ha dejado al descubierto que la sucesión de cargos no garantiza integridad. En lugar de un relevo que fortaleciera la confianza, el Ministerio Público parece atrapado en un ciclo de cuestionamientos y figuras controvertidas.

La situación se agrava porque Gálvez no es el único investigado. Tanto Delia Espinoza como Patricia Benavides también tienen procesos abiertos. Este trío de nombres, lejos de transmitir solvencia moral, refleja una Fiscalía que ha perdido su buena imagen y se ha transformado en un terreno minado de sospechas.

Por eso la frase popular “el lobo cuidando de ovejas” parece hecha a la medida de este momento. Un fiscal cuestionado al frente de la institución llamada a investigar y sancionar el crimen y la corrupción encarna una contradicción que erosiona aún más la confianza en la justicia.

El caso de Tomás Gálvez expone una falla sistémica: no basta con esperar que las instituciones se autorregulen o que las personas se comporten a la altura del cargo. Se necesita una reforma integral del sistema de justicia, que abarque tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, para garantizar filtros, meritocracia y control efectivo sobre quienes ocupan las más altas posiciones.

Si no se actúa ahora, el Ministerio Público seguirá perdiendo credibilidad y arrastrando al sistema judicial con él. La ciudadanía merece fiscales y jueces probos, no lobos disfrazados de ovejas. El retorno de Tomás Gálvez debería ser el punto de quiebre para exigir cambios profundos y urgentes.

La ciudadanía no debe de perder de vista la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia.

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