Por: Hugo Viladegut Bush

El Perú ha estado en los ojos y la boca del mundo durante dos días al haber sido aislados cientos de turistas en la ciudad inca de Machu Picchu.

El llamado Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu se declaró en huelga e inmovilizó sin aviso a los turistas que tenían por objetivo visitar el santuario y a otros tantos regresar al Cusco para seguir sus programas de viaje.

La inmovilidad vulneró los derechos de los visitantes y puso en riesgo la declaratoria de Patrimonio Cultural de la humanidad que Cusco había conseguido en 1983. Por esta declaratoria, propios y extraños, debemos cuidar esta obra maestra de arte, arquitectura e ingeniería inca.

Los iracundos manifestantes protestaban, no se sabe ante quién, la conclusión de un contrato de transporte que por 25 años había usufructuado la empresa CONSETTUR para trasladar a los visitantes de Machu Picchu Pueblo al Santuario Histórico de Machu Picchu por la carretera Hiram Bingham.

CONSETTUR pretendía el alargue del contrato de concesión, mientras el nuevo concesionario pretendía trasladar sus unidades para instalarse en el lugar. Los huelguistas no tuvieron mejor idea que bloquear el servicio de transporte por ómnibus, y los adeptos de CONSETTUR bloquear la línea férrea para evitar el traslado de las nuevas unidades del supuesto nuevo concesionario.

Consecuencia: se han perdido más de 200 reservas turísticas y muchos millones de dólares. Los turistas se vieron entre dos grupos en pugna: los que pedían la conclusión del contrato de CONSETTUR y los que postulaban a un nuevo concesionario de transporte.

Los huelguistas, con este motivo, adicionaron otros pedidos, entre los que estaba la creación de una autoridad autónoma administradora de Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas, algo imposible de implementar, pero la masa protestante, manipulada por un grupo de líderes recalcitrantes, quería seguir disparándose a los pies prolongando la paralización.

La pregunta: ¿es lícito bloquear la carretera e inutilizar la línea férrea para inmovilizar a los turistas? El Perú es un país libre y democrático y la Constitución del Estado consagra la libertad de las personas. El Artículo 2, en el apartado 4to, consolida el derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.

El Art. 2 de la Constitución, en el apartado 12, cita el derecho a la reunión pacífica sin armas. Pero todo derecho tiene un deber. El apartado 4 manda el deber de no vulnerar las libertades de otras personas. El libre tránsito es un derecho de peruanos y visitantes y es deber de los manifestantes respetar esa libre transitabilidad.

El apartado 12 le da derecho a los peruanos a reunirse pacíficamente y sin armas. El deber, entonces, es respetar los bienes del Estado y los bienes ajenos. En este caso específico, lo que los manifestantes han mostrado es la barbarie. El grupo que respalda a CONSETTUR ha levantado la línea férrea para evitar el tránsito de trenes, atrapando a los visitantes en Machu Picchu Pueblo.

Ha terminado la huelga luego de largas y bizantinas discusiones, se ha causado daño a las agencias de viaje que han cancelado reservas, se ha infligido daño a los hoteles y restaurantes y se ha puesto en peligro la vida de quienes abordan los trenes y los líderes negativos siguen libres y campantes como si nada hubiese ocurrido.

Hay más culpables. ¿Quién debió prever el estallido de este conflicto y qué hizo para evitarlo? Machu Picchu tiene autoridades regionales y distritales. ¿Le corresponde al Instituto Nacional de Cultura presidir la licitación de la ruta en conflicto? Si tenían conocimiento que la concesión ya terminaba, ¿por qué no se licitó la continuidad del servicio? ¿O se quiso favorecer el alargue de la actual concesión?

El derecho a expresar opinión, a organizar una protesta, a protagonizar una huelga, es parte del uso de la libertad, y el deber de respetar la vida y la seguridad de los demás es inherente a quienes manifiestan sus ideas y exigen el cumplimiento de los contratos.

Es también deber de las autoridades del Instituto Nacional de Cultura hacer cumplir los contratos. Es deber de las autoridades políticas locales y de la región exigir que las licitaciones sean convocadas en el tiempo pertinente.

Es cierto, en el Perú tenemos derecho a la huelga, pero también tenemos deberes que cumplir. Si no se cumplen los deberes se debe aplicar la sanción correspondiente para no entorpecer la vida civilizada de un país libre e independiente.

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